jueves, 3 de julio de 2014

Alcade Martínez ordena Intervención de direcciones de Catastro y Urbanismo por presuntos hechos ilícitos, mientras en Sotillo "ponen sus barbas en remojo"

El Tiempo.- El alcalde del municipio Simón Bolívar, Guillermo Martínez, anunció este miércoles la intervención de las direcciones de Catastro y Urbanismo, debido a denuncias que ha recibido sobre supuestas actuaciones irregulares de algunos funcionarios de mediano y bajo rango.
El mandatario afirmó que se investigará en torno a la presunta entrega de permisos de construcción de manera fraudulenta, así como la ejecución de levantamientos catastrales que habrían sido efectuados inadecuadamente.

Martínez se reservó las fuentes, pero aseveró que cuenta con suficientes pruebas en las que prefirió no profundizar.
Expresó que el objetivo también es combatir la “ineficiencia” con la que se había venido operando en los mencionados despachos. Admitió que la utilización de mecanismos “arcaicos” ha sido una debilidad.

“La idea es lograr la automatización de las actividades. Queremos un trato más transparente de parte de los funcionarios y fortalecer los principios y valores de ética”.

La dirección de Urbanismo es la encargada de organizar y regular todo lo relacionado con las construcciones de obras en las comunidades, proyectos de vialidad y desarrollo de servicios. En tanto, Catastro maneja información sobre la condición jurídica y localización de todos los inmuebles del municipio.

El proceso y la ley

La intervención se realizará mediante la firma de un decreto, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm), artículo 88. El trabajo durará 60 días.

Según la Loppm, la intervención debe realizarse de la mano de la Sindicatura Municipal. En el artículo 121, numeral 3, la ley estipula que el abogado del municipio deberá “asesorar jurídicamente al alcalde y al Concejo Municipal, mediante dictamen legal e informes que correspondan a sus solicitudes”.

El mismo precepto, en su parágrafo 6, dice que el síndico está en la obligación de “denunciar los hechos ilícitos en que incurran funcionarios o empleados en el ejercicio de sus funciones y, previa autorización del alcalde, intentar las acciones jurídicas a que haya lugar”.

El alcalde Guillermo Martínez explicó que aquellos funcionarios a los que se les comprueben delitos penales serán pasados al Ministerio Público.

Mientras que quienes tengan responsabilidad administrativa se les abrirá un expediente, según la Ley del Ejercicio de la Función Pública.

Posición

En un sondeo realizado a siete usuarios de ambas direcciones, las apreciaciones fueron diversas.

Rosa Parabacuto consideró justa la intervención porque los procedimientos son muy engorrosos. “Mi esposo está tratando de obtener una ficha catastral y ha sido un proceso”.

Gerardo Medina precisó que hay mucha burocracia.“Procesos que se pueden hacer en dos pasos ameritan al menos 10. Eso nos complica todo”.

Pandora Noriega cree que la alcaldía también debería intervenir otras direcciones, como Hacienda Municipal.

Otro tubazo

El alcalde de Barcelona, Guillermo Martínez, anunció que acudirá al Ministerio Público (MP), a fin de solicitar que se investigue la supuesta venta de terrenos de manera fraudulenta. Los responsables serían alcaldes, notarios y registradores “de la Cuarta República”. Expresó que las parcelas negociadas irregularmente estarían ubicadas en Nueva Barcelona y Los Potocos, entre otros.

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