El 4 de diciembre
de 2012 Ricardo Miranda Rodríguez, presidente de la CVA Compañía de
Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, elaboró un informe para
el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, mayor
general Hugo Carvajal Barrios, con el fin de alertar sobre el
“desembolso irregular” de 84,9 millones de dólares, publica El Nacional.
Los pagos comenzaron en junio de ese año y no fueron considerados
irregulares sino una semana antes de elaborada la solicitud de
investigación. En otras palabras, pasaron casi seis meses sin que se
descubriera esa situación.
Las primeras señales de que algo raro sucedía surgieron el 15 de
noviembre, cuando funcionarios del Fondo de Cooperación Chino Venezolano
se reunieron con representantes de la CVA Pedro Camejo para conciliar
estados de cuenta, cosa que no hacían desde marzo. Detectaron dos pagos
que no fueron tramitados por la compañía, encargada de escoger a los
proveedores de maquinaria agrícola con los que se llevarían a cabo los
programas de “soberanía alimentaria”.
Documentos del expediente de la Fiscalía 00-DLCLDFE-F23-0161-2012 en poder de El Nacional
revelan además que en esa reunión la funcionaria del Fondo Chino Janis
Peñaloza creyó que esa discrepancia debía ser producto de un error.
Quedó en hacer una revisión en los archivos originales.
Tres semanas después, el 4 de diciembre, la situación estaba clara:
hubo un fraude. El expediente de un contrato que originalmente favorecía
a la compañía argentina Pauny fue suplantado por dos, identificados con
un mismo número, para beneficiar a las empresas de papel Kelora SA y
Bismarck Consorcio Trading Corp.
En el caso del contrato con Bismarck, fueron detectadas 16
irregularidades. El convenio con Kelora tenía 13. En ambos, por ejemplo,
fue falsificada la firma del presidente y del director general de Pedro
Camejo. Además, aparecen firmando personas que no estaban habilitadas
para ello, y las órdenes de pago correspondían a contratos celebrados
con otras empresas.
Pasaron otros 10 días para que se solicitara formalmente una
averiguación penal, y otros 5 antes de que la Fiscalía se diera por
enterada.
En ese momento Bismarck y Kelora supuestamente habían transferido los
millones de dólares recibidos en sus cuentas del Credit Suisse a otra
empresa que también tenía cuenta en ese banco suizo, Cavemin. Una vez
integrados los fondos producidos por el fraude, la cuenta fue cerrada.
Betancourt reclama
Los pagos a Kelora y a Bismarck fueron en junio y
septiembre, respectivamente. El primero por 22,1 millones de dólares y
el otro por 62,8 millones de dólares. Pasaron 3 meses entre uno y otro, y
aun así nadie se percató de las irregularidades e inconsistencias.
Tampoco si la maquinaria agrícola que sería adquirida con ese dinero
efectivamente había llegado.
El gerente ejecutivo de fondos para el desarrollo del Bandes, Ramón
Larralde, declaró en la Fiscalía que cuando hubo la primera notificación
sobre la irregularidad él estaba con la presidente del banco, Edmée
Betancourt, y otros funcionarios en China.
“Fui testigo de que el señor Pablo González,gerente del Fondo Chino,
le informó verbalmente sobre la queja del ente ejecutor (Pedro Camejo).
La presidente manifestó que iba a contactar al Sebin para que revisara
el caso”, recordó.
Al regresar del país asiático, González se reunió con representantes
de la CVA Pedro Camejo y, según Larralde, insistió en la legalidad de
los pagos a Kelora y a Bismarck.
“La presidente del banco reclamó que dicha reunión fue realizada sin
su autorización y convocó a las gerencias operativas y de seguridad del
banco para revisar el caso. Se observó preliminarmente que los
procedimientos de revisión se habían cubierto; sin embargo, se requería
de revisiones más rigurosas”, dijo.
Betancourt fue destituida de la presidencia del Bandes el 14 de
agosto. El Ministerio Público daba entonces los últimos toques a la
acusación contra cinco funcionarios del Fondo Chino (adscritos a ese
banco) y tres particulares por el desfalco.
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