La audaz iniciativa del Gobierno uruguayo para legalizar la
producción y venta de marihuana, que se espera que mañana concluya su
trámite parlamentario, concita más rechazo que simpatía en una región
hipersensible al problema de las drogas. EFE
El presidente uruguayo, José Mujica, reconoció recientemente en una
entrevista que ha sufrido “presiones” de países vecinos, entre ellos
Brasil, que temen que la marihuana legal de Uruguay traspase las
fronteras.
El presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans, advirtió el mes pasado que la
legalización de la marihuana en Uruguay tendrá “serias repercusiones
para la salud pública, particularmente para la juventud, además de
suponer una violación de los tratados internacionales”.
Pese a estas opiniones contrarias, se espera que el Senado uruguayo
apruebe mañana el proyecto por el que el Estado controlará y regulará
“la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción,
adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de
la marihuana y sus derivados”.
La iniciativa es toda una “revolución” en una región que lleva años
gastando ingentes cantidades de tiempo, dinero y también sangre en
combatir el narcotráfico sin conseguir los resultados esperados.
Estados Unidos “ha creído ingenuamente que con una represión desatada
por esta parte (América Latina) este fenómeno (el narcotráfico) se va a
arreglar” y no es así, opina Mujica.
Aunque el debate sobre la necesidad de cambiar de estrategia estaba abierto desde hacía años, nunca se había llegado tan lejos.
Sin embargo, aun asumiendo el fracaso de las políticas represivas
contra las drogas, muchos Gobiernos de la región no están de acuerdo con
la idea de que los Estados deban hacerle la competencia a los
narcotraficantes y no creen que legalizar la droga sea la solución.
“Creo que realmente es una utopía”, señaló en agosto pasado a Efe
Luis Rojas, el nuevo titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de
Paraguay, el segundo país productor de marihuana del mundo.
Para Rojas, “la situación no va a cambiar” y Uruguay va a seguir recibiendo la marihuana producida en Paraguay.
El 80 % de la marihuana paraguaya se vende a organizaciones
delictivas de Brasil, cuyo Gobierno es el más preocupado por las
consecuencias de que la marihuana sea legal en su vecino del sur.
“No existe ningún país en el mundo que haya logrado reducir el
consumo de drogas a través de su legalización. Todos los que recorrieron
ese camino luego tuvieron que volver atrás”, aseguró en noviembre
pasado en Montevideo el diputado brasileño Osmar Terra.
El legislador, del Partido de Movimiento Democrático Brasileño, que
forma parte del Gobierno, fue enviado a Uruguay como parte de una
“misión oficial” del Parlamento, ya que es el autor de un proyecto de
ley para endurecer las penas para delitos de drogas, que ya ha pasado el
primer trámite en la Cámara baja.
En Argentina, el otro vecino de Uruguay, donde el avance del
narcotráfico es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, el
secretario de Seguridad, Sergio Berni, sorprendió el mes pasado al
señalar que la propuesta de Uruguay “es digna de ser estudiada”.
La tenencia de marihuana para uso personal es ilegal en Argentina,
aunque existen varios fallos judiciales que van en la dirección
contraria y han sentado jurisprudencia.
Hay otros países de la región donde la posesión de marihuana para uso
personal o tiene una leve penalización o está despenalizada, como es el
caso de Chile o de Colombia.
En México, país que libra un duro combate contra los carteles de las
drogas, el Gobierno de Enrique Peña Nieto está en contra de la
legalización, pero también existen defensores de esa medida, como el
expresidente Vicente Fox.
Incluso hay planteado un recurso la Suprema Corte ha recibido un
recurso para impugnar las leyes que prohíben la siembra, transporte y
consumo de marihuana.
El caso uruguayo ha servido de ejemplo a un grupo de legisladores en
Puerto Rico que han logrado que el Senado apruebe ya un proyecto de ley
para despenalizar la posesión de marihuana para consumo personal, que
pasará ahora a la Cámara de Representantes.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, es partidario de
“intensificar” la lucha contra las drogas, mientras que el de Chile,
Sebastián Piñera, opina que “todo aquello que conduzca a que se consuma
más droga en el país es malo”, por lo que no está dispuesto a ir más
allá de no castigar el consumo personal.
Para Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, donde no está permitido
el consumo de drogas en ningún caso, la despenalización “no tiene
sentido” y “sería legalizar el crimen”.
Por el contrario, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,
promueve en la comunidad internacional un diálogo sobre la necesidad de
buscar “nuevas rutas” para combatir las drogas y el narcotráfico, como
estrategia para reducir la violencia que generan.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también defiende una
revisión de las políticas internacionales de lucha contra la droga e
incluso ha señalado públicamente que acompañaría la opción de la
legalización de la marihuana si otra persona la liderara.
Hasta el secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza, ha señalado que legalizar la marihuana es
una estrategia “que vale la pena ensayar”.
“No tenemos objeción a que se lleven adelante (leyes que legalicen la
marihuana). No las acompañamos de forma abierta porque no tenemos el
mandato de los países miembros, pero entendemos que este es un tema
abierto”, dijo Insulza en julio pasado.
La iniciativa de Mujica ha interesado incluso a un multimillonario
como David Rockfeller, con quien el presidente uruguayo se reunió en
Nueva York en septiembre pasado.
“No defiendo la marihuana y quisiera que no exista” pues “ningún
vicio es bueno”, pero “vamos a regular un mercado que ya existe” y
frente al cual “no se puede cerrar los ojos”, sobre todo porque “la vía
represiva” contra las drogas “fracasó”, declara Mujica. EFE
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