El Ministerio Público imputó a
Richard Miguel Mardo Mardo por estar
presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria, legitimación
de capitales y ocultamiento de datos que debe contener la declaración jurada de
patrimonio, pues durante los años 2009 al 2011 habría recibido y cobrado
cheques de personas naturales y representantes de empresas de las que se
desconoce las actividades que realizan, informó la Fiscalía en su página web. El fiscal 10º nacional, Richard
Monasterio Marrero, fue el encargado de realizar la imputación de Mardo, quien
de esta manera adquiere los derechos consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y lo establecido el Código Orgánico Procesal
Penal, que le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias.
Los delitos por los que se imputó
a Mardo están previstos en el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de comisión de los
hechos, y Ley Contra la Corrupción, respectivamente.
Conviene recordar que el 25 de
junio de 2013, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó
ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el enjuiciamiento
ordinario del diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua.
En su exposición ante la máxima
instancia judicial del país, Ortega Díaz indicó que los dineros recibidos por
Mardo no fueron declarados al Servicio Nacional Integrado de Administración
Tributaria, incluso en sus declaraciones al Fisco no aparecen reflejados esos
montos.
Posteriormente, en fecha 16 de
julio de 2013, el Máximo Tribunal del país acordó la solicitud planteada por la
Fiscal General y remitió las actuaciones al Poder Legislativo que, finalmente,
despojó a Mardo de su inmunidad parlamentaria.
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