El proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario,
que fue consignado ante la Asamblea Nacional (AN) el 31 de enero de 2014 por
más de 40 colectivos sexo-género diversos del país, debe ser debatido y la
Defensoría del Pueblo participará en ese proceso, manifestó el titular de dicho
organismo, Tarek William Saab.
Durante una entrevista concedida a Globovisión,
recordó que el instrumento jurídico está en manos del Poder Legislativo luego
de contar con el aval de más de 20.000 firmas recopiladas en todo el territorio
nacional, a fin de abrir la discusión en torno a la aprobación de la unión
civil entre personas del mismo sexo.
“Es un tema que está en la Asamblea Nacional, luego
de un debate con firmas que enviaron (los colectivos sexo-género diversos)
hacia la Asamblea Nacional. Es un Poder que tiene y debe debatir ese tema y
nosotros vamos a participar de ese debate. ¿Se nos invitará a ese debate?
¡Ojalá!, ¡bienvenido sea el debate, conoceremos esa Ley y la debatiremos”,
resaltó Saab.
De la misma forma, resaltó que la orientación
sexual de las personas tiene que ser respetada y amparada por las legislaciones
para evitar la discriminación contra esta población vulnerable.
Exaltó, en ese orden de ideas, que la Constitución
Nacional—aunque no lo contempla de forma explícita—expresa en el artículo 21
que “no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo,
la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona”.
El proyecto para la igualdad plena
Debatir y, posteriormente, sancionar el proyecto de
Ley para el matrimonio civil igualitario en Venezuela no solo se fundamenta en
objetivos específicos plasmados en el Plan de la Patria 2013-2019, sino que es
la única forma con la que el Estado venezolano podría garantizar protección
jurídica y económica a las familias conformadas por parejas del mismo sexo.
Si el Poder Legislativo venezolano reconoce el
matrimonio civil entre parejas del mismo sexo garantizaría protecciones básicas
que obtienen parejas heterosexuales relacionadas a custodia infantil, derechos
de herencia y propiedad y visitas hospitalarias, entre otras.
No es baladí destacar que la lucha por alcanzar esa
seguridad legal está contemplada en el objetivo 2.2 del Plan de la Patria, que
conmina al Estado y a sus instituciones a construir una sociedad igualitaria y
justa, para lo cual en sus apartados 2.2.4.2, 2.2.4.3 y 2.2.4.4,
respectivamente, llama a la incorporación de la perspectiva de la igualdad de
género en las políticas públicas, a promover la no discriminación y la
protección a los grupos socialmente vulnerables, generar políticas formativas
sobre la perspectiva de igualdad de género y de diversidad sexual y a promover
el debate y reflexión de los derechos de la comunidad sexo-diversa.
El matrimonio igualitario
también es legal en países como Argentina, Uruguay, España, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Holanda, Inglaterra, Gales, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda,
Portugal, Sudáfrica y Suecia, así como en regiones de Brasil, Colombia, México
y Estados Unidos.
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