Confieso que no escuché lo que dijo María Corina a Chávez y apenas supe que ella reclamó que “las expropiaciones del gobierno son un robo”.
Supuestamente el Presidente en una reacción impensada le “aclaró” que ella lo había llamado ladrón (lo que no hizo) aunque pienso que pudo edulcorar el asunto. Lo que llama la atención es que Chávez se molestó con el mensajero pero no respondió el mensaje.
¿Por qué no te callas? pareciera haber querido gritar el Presidente a la femina indiscreta. |
Algo usual. La idea era que el Presidente aclarara qué pasa con los reales de quienes han sido “expropiados” porque al no existir el pago desde luego que estamos frente a una acción vandálica que al ser cometida por el Gobierno en nombre del Estado tiene algún fuero de legitimidad, pero no de legalidad. La Ley en eso es clara.
El Estado tiene potestades expropiatorias, sí, pero para ello debe cumplir con ciertas previsiones entre las cuales destacan un decreto que justifique la utilidad pública. Un juicio de expropiación con sentencia firme, que lograrlo, para Chávez, no conlleva ninguna dificultad. Y la provisión del dinero acordado. Le pregunto al lector, ¿algunas de estas tres previsiones se ha cumplido en los múltiples actos de “expropiación” acometidos por el Gobierno? Ninguno. Recordamos que en épocas de expropiaciones para el Metro de Caracas fueron muchos los litigios incoados en los tribunales por falta de acuerdo entre las partes que eran las mismas: El Estado y el expropiado.
Este último tenía derecho a pataleo, no para conservar la propiedad pero sí para exigir una compensación acorde con la realidad. Esa es la vía en un Estado democrático, porque los ciudadanos no somos reos del gobierno. Ni de este ni de ninguno. El propietario de un bien lo es hasta que jurisdiccionalmente se justifique lo contrario.
Calladita dicen que te ves más bonita. |
No porque venga un funcionario con una carpeta repleta de papeles que según él demuestra un estatus distinto hay que atenerse a ello. Eso también es tomarse la Ley por sus manos. Eso es vulnerar el Estado de Derecho. Eso es agredir al ciudadano con el expediente del poder. Y eso, presumo, fue lo que reclamó María Corina al Presidente. Que haya sido poco sutil, quizás, pero nunca le dijo ladrón porque lo “expropiado” no es para él. En todo caso el ladrón es su gobierno. Pregúntele al CIADI.
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