Poderosas mafias controlan obras y cupos en sector construcción de Oriente

Sicariato, extorsión y miedo frenan a sindicalistas de esta área productiva nacional. “Pranes” carcelarios y policías son señalados por violencia armada.

El dedo acusador de quienes hacen vida en el sector construcción en el estado Anzoátegui, apunta a señalar a policías- activos e inactivos- y “pranes” carcelarios como responsables de la extorsión y sicariato en este sector económico que reporta altos dividendos.

Redacción Alexis Castillo/NoticiasdeAqui.net

Una situación en nada ignorada por los cuerpos de seguridad del Estado. Y lo admite el comandante de la Policía de Anzoátegui (Polianzoátegui), Manuel Ortiz, quien revela la existencia de individuos de alta peligrosidad como el apodado “el Chucho”, a quien los servicios policiales consideran un ex presidiario responsable de sobornos, intimidación y violencia armada por el control de obras en la entidad.

“Estamos siguiéndolo”, afirmó Ortiz, mientras se tomaba a sorbos un café humeante en su oficina, bulliciosa y amplia en la sede del comando general de Polianzátegui ubicada en Lechería. “No es un segundo javielito”, rechaza tajante cuando se le pregunta si es comparable con Javier Eduardo Gago Gamez (24), recordado por el famoso alias, quien murió junto a seis hombres en enero de 2010, después de un asedio de casi quince horas, desplegado por los agentes de la Brigada de Acciones Especiales (Baes) del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Hay delincuentes que se camuflan de sindicatos”.

A Gago Gamez, se le identificó como el cerebro de una banda implicada en presiones a empresarios y homicidios relacionados con cupos de empleo. “Quieren replicar este tipo de situaciones, pero no lo dejaremos”, enfatiza.
Pero “el chucho” no es el único que asecha y atrae la atención policial en el área de la construcción, también “hay varios grupos”, añade Ortiz. “Hay delincuentes que se camuflan de sindicatos”, remata.

Los asesinatos en el sector construcción son un registro fijo en la prensa regional y de circulación nacional, y dan cuenta de más de diez sindicalistas y trabajadores de la construcción muertos en Anzoátegui en lo que va de 2012. Los crímenes han ocurrido en los municipios Sotillo (Puerto La Cruz), Simón Bolívar (Barcelona), Independencia (Soledad), Anaco y Aragua de Barcelona. La mayoría de los decesos tuvo como móvil el sicariato.

“Hay un grupo del Dibise (Dispositivo Bicentenario de Seguridad) responsable de realizar las averiguaciones. Se encarga de investigar si existe extorsión, soborno o cobro de peajes”, contesta al interrogarle sobre la ejecución de medidas oficiales frente a este escenario.

“Este equipo emite un informe con sus resultados y lo comunica a las policías preventivas, como el caso de Polianzoátegui. Hacemos los recorridos por las obras, hablamos con los capataces e ingenieros. Son éstos, quienes nos detallan a qué hora llegan los delincuentes con las pistolas en la mano, en consecuencia actuamos”.

La vulnerabilidad es la misma para todas las empresas edificadoras, no obstante, la autoridad expresa que el resguardo lo realizan en varias compañías, aunque “esto nos exige más trabajo”, dice.

En Anzoátegui existen siete organizaciones que afilian trabajadores en el sector construcción, los voceros de tres de ellas coinciden en llamar las cosas por su nombre con respecto al clima de criminalidad imperante.

“Existen mafias policiales y el gobierno conoce esta realidad”, es lo primero que señala José Hurtado, secretario general del Sindicato Único de Obreros, Profesionales de la Industria de la Construcción, Vialidad, Conexos y Similares en la entidad (Suopicvcsea). “En las obras de construcción cobran los del Cicpc, Polianzoátegui y grupos organizados”, añade, al tiempo que reclama la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana.

Las denominadas “mafias” o “bandas” que azotan el sector construcción, se valen de todas las armas posibles para conseguir lucrarse. El control pasa, no sólo, por introducir trabajadores a una obra, aunque esto es apenas la punta del iceberg. Buscan tener ingresos mensuales con todo el dinero generado alrededor de estos trabajos públicos o privados.

Imponen el cobro de “vacunas” que deriva de la “seguridad” a los empresarios hasta exigir una cantidad determinada en las cuotas de empleo. Una circunstancia nociva que debilita cada vez más a los sindicatos, y también degenera en el manejo del contrato colectivo bajo prácticas delictivas.