A pesar de ser a todas luces una medida ilegal, por más de tres años se registraron nóminas que no pertenecían al recurso humano que laboraba en la Gobernación, sino que respondían a intereses estrictamente políticos.
El desvío de recursos destinados a funcionarios políticos fue el tema más comentado esta semana por los zulianos, luego que el Secretario de Gobierno Blagdimir Labrador develara, con nombres y apellidos, quienes conformaban esa "rosca" burocrática.
"William Barrientos cobró, hasta el 25 de junio de 2010, (Bs.)1.039.160,84; Julio Montoya, activo hasta el pasado 25 de junio devengó (Bs.) 767.236,94; Jairo Silvo, exsecretario de pueblos y comunidades, obtuvo una ganancia de (Bs.) 767.236,94 y Enrique Márquez, asesor tecnopolítico recibió (Bs.) 786.917,06", reveló Labrador.
Aunado al tema de la desviación de recursos para las empresas tercerizadas, las nóminas paralelas se han convertido en un punto álgido para la población, en vista de que las campañas regionales del antiguo ex gobernador del Zulia, Pablo Pérez, estaban centradas en la falta de presupuesto que según él era a causa del Gobierno Nacional.
La apertura de un procedimiento penal ante los tribunales para investigar esta situación irregular fue una de las propuestas presentadas por Mario Isea, dirigente regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien catalogó esta irregularidad como un gran "despilfarro".
"Esta situación debe de ser investigada hasta en el más último detalle pues se trataba de recursos de un Estado que estaban siendo desviados para un grupo de personas con fines políticos. Muchas personas contaban incluso con dos sueldos", añadió.
Denunció igualmente que se crearon muchos cargos de coordinación y dirección que no estaban previstos para este organismo y el cual contaban con salarios mensuales superiores a los 12.000 bolívares.
Actualmente estos informes fueron presentados ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez), donde se adelantan auditorías para levantar un informe final que sería entregado a los tribunales nacionales.
El diputado del Psuv, José Luis Acosta, manifestó que las irregularidades con las nóminas paralelas se presentaron desde el año 2008 y que en esta investigación aún no han terminado de desfilar nombres políticos.
"Han ido saliendo otros políticos como Elías Mata, Cesar Morillo, Eliseo Fermín, entre otros. La investigación no ha culminado porque nos hemos encontrado con listas bien largas. Es algo incongruente ver cómo se perdió tanto dinero en politiquería, cuando Pablo Pérez se quejaba de que no habían recursos para invertir en una escuela, en un hospital o en una cancha deportiva", denunció.
En una de las últimas alocuciones como gobernador zuliano, Pablo Pérez decía que le habían quitado un 50% de las asignaciones presupuestarias. Sin embargo, los presupuestos asignados para gastos publicitarios o para el ingreso de personas en estas nóminas paralelas iban en aumento. Prometió igualmente que entregaría a los municipios el 50% de lo recaudado por concepto de impuestos, pero esto tampoco se cumplió.
Las denuncias contra este incremento de las nóminas cuentan ya con cuatro años, en los que algunos partidarios de Un Nuevo Tiempo (UNT) engrosaban el 40% del recurso humano. La dirigente local Betty Zuleta fue una de las primeras en denunciar esta irregularidad aseguran que muchos de los pagos a los obreros y trabajadores iban "inyectados" a esta acción política.
El enriquecimiento ilícito no sólo iba destinado a políticos influyentes sino que también se devengaban sueldos a personas que nunca ejercieron trabajos con la Gobernación del estado Zulia. Se trataba de "favores" para amistades de los coordinadores de secretarías y organismos oficiales.
Así lo denunció también Omar Prieto, actual alcalde del municipio San Francisco, quien mencionó que la Gobernación pagaba 30 millones de bolívares mensuales a unos 1.700 supuestos obreros del barrido manual, conocidos popularmente en el Zulia como salserines.
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