El caso de la comisiones millonarias de Navantia en la venta de ocho
buques militares a Hugo Chávez ha sumado dos nuevos imputados de gran
relevancia: Juan Pedro Gómez Jaén, presidente de los astilleros públicos
cuando se firmó el contrato con Venezuela, en 2005, y el que fuera su
director comercial, Jesús Arce.
ABC.- La juez Rosario Espinosa los acusa de un delito de malversación de
caudales públicos por aprobar las abultadas comisiones que la empresa
pública pagó a la empresa caraqueña Rebazve Holding Ltd.
De los 43
millones de euros que recibió esta intermediaria, doce fueron a parar a
los dos primeros imputados del caso, Javier Salas Collantes, presidente
del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, y su socio
Antonio Rodríguez Andía, expresidente de la naviera pública
Transatlántica. En este caso, la juez los acusa de tráfico de
influencias y delito fiscal.
Una fuente interna de la propia Navantia asegura a ABC que la
verdadera labor del intermediario venezolano era el reparto de
comisiones en España y Venezuela. Tal y como reveló este diario, de los
43 millones de euros (en torno al 3,5 por ciento del total de la venta),
doce fueron a una sociedad mercantil de Antonio Rodríguez Andía, quien,
a su vez, pagaba seis a Salas Collantes, gestor de empresas públicas en
los gobiernos de Felipe González —entre ellas los astilleros que hoy
son Navantia, de ahí el posible tráfico de influencias— y hombre de la
confianza del entonces ministro Carlos Solchaga. Son estos doce millones
de euros los que la Justicia trata de recuperar ahora, ya que echar
mano a los 30 que no volvieron de Venezuela se presenta más que
complicado.
Más información en ABC.
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