Carta abierta al Presidente de la República

Expediente Público.- Nos remiten la siguiente carta abierta dirigida al Presidente Nicolás Maduro que desnuda nuevamente la realidad que se vive en una de las empresas icono del oriente venezolana y que pareciera ir de "Guatemala a guatepeor". El texto es el siguiente:

Ciudadano

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Presente

Nosotros,  Néstor Páez, Andrés Guevara, Alejandro Toledo y Hernán Malavé, titulares de las Cédula de identidad Nos. V-8.341.149, V-4.010.652, V-1.177.262 y V-4.008.112, respectivamente, en nuestro carácter ve Voceros  de doscientos cuarenta y cinco (245) ex trabajadores de la Empresa Cementos Mexicanos, S.A. “CEMEX”, nos dirigimos a usted como máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional para exponerle lo siguiente:

        En el año de 1994 se materializa la compra que la Empresa “Cementos Mexicanos, S.A. “CEMEX” le hiciere a Venezolana de Cementos,  S.A.C.A “VENCEMOS”, empresa en la cual veníamos laborando, la gran mayoría de nuestros compañeros con mas de 10 años de antigüedad (algunos con 15, 20 y hasta 30 años de servicio). La nueva Empresa (CEMEX) procedió a retirarnos con la escusa de una reestructuración administrativa que ameritó  una reducción de personal, entre los años 1994 y 1995. Procedió a liquidar nuestras prestaciones sociales en Forma sencilla, sin tomar en cuenta la indemnización que nos correspondía aún cuando hubiese habido base legal para nuestro retiro, tal como lo establecía la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la época. En efecto, dicha Ley en su artículo 100 establecía:

Artículo 100 Se entenderá por retiro la manifestación de voluntad del trabajador de poner fin a la relación de trabajo.

Parágrafo Único: El retiro será justificado cuando se funde en una causa prevista por esta Ley, y sus efectos patrimoniales se equipararán a los del despido injustificado.

Es decir, se nos debía indemnizar tal como lo establecía el artículo 125 arriba trascrito.

Después de varios reclamos ante la Empresa, para exigir nuestro derecho a ser indemnizados  y se nos cancelara la diferencia de nuestras Prestaciones Sociales, optamos (215 trabajadores) por acudir a los tribunales competentes, para tal fin se contrataron los servicios de abogados los cuales procedieron a Demandar el año 1996 por ante el Juzgado quinto de primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Jurisdicción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Debido al cambio de criterio en cuanto a litis consorcio activo por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Instancia el año de 1999 declaró Inadmisible la acción, sin embargo, posteriormente se introdujeron varios grupos de demandas por ante los Tribunales Competentes, entre los años 2000 y 2004 las cuales al final fueron declaradas  prescritas varias de ellas; sin embargo no desistimos de reclamar nuestros derechos en varias instancias y finalmente con protestas en los portones de la empresa lo que conllevó a que representantes de la Empresa CEMEX el año 2007 acudieran a una mesa técnica, Convocada por La Comisión de Desarrollo Social del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui y donde dicha Comisión Presidida primeramente por el Legislador Julio Millán y Posteriormente por el Legislador Edgar Carrasco nombró un Experto para calcular las diferencias de las prestaciones reclamadas hasta noviembre de 2007. Los cálculos practicados por el experto y revisados por el Departamento Legal de la Empresa CEMERX a cargo de las Abogado Nancy Olleros y Tomás Polanco Fernández, cálculos que arrojaron para el 31 de noviembre de 2007 una cantidad aproximada de cinco millardos de bolívares, es decir, cinco millones de bolívares con la nueva denominación (Bs. 5.000.000,00), cifra ésta que al fin  fue aceptada por la Empresa  como diferencia por la indemnización no cancelada en su momento y se acordó que la Empresa renunciaría a la Prescripción de cualquier reclamo posterior.

El año 2008 El Presidente de la República, Comandante Hugo Chávez, anuncia la Intervención de las Industrias Cementeras por razones de utilidad Pública, entre ellas la empresa CEMEX. En fecha 21 de Agosto de 2008, nos presentamos ante la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral en la ciudad de Caracas, mientras que los representantes de la empresa Cemex, no comparecieron, en tal sentido hicimos entrega del número de trabajadores y la cuantía del reclamo, que se tomaría en cuenta por la Junta de Transición como pasivo de la Empresa con sus Ex trabajadores.

En enero de 2013, nos vimos obligados a cerrar los portones de Cemex en Guanta Pertigalete, ya que no se nos daba aun respuesta de parte de la Directiva de la Junta Interventora de Transición de Cemex, por lo que después de una mediación realizada por el diputado Julio Millán, nos reunimos posteriormente en la ciudad de Caracas con la Licenciada Natacha Castillo, quien nos manifestó que elevaría la consulta del caso de los ex trabajadores a la Procuraduría General de la República.

Después de transcurrido más de un año sin respuesta alguna, nuevamente nos dirigimos al Legislador Julio Millán, en la cual le solicitamos una reunión con los Directivos de “Corporación Socialista del Cemento” (nombre de la Empresa Nacionalizada) para que por fin se nos diera una respuesta a los 16 años de lucha para que se nos pagara esa Diferencia en nuestras Prestaciones Sociales; la respuesta ciudadano Presidente fue Sorprendente, El Coronel Labrador, Presidente de la Junta Directiva de la Empresa le respondió: (Sic…) “No me voy a reunir porque el Departamento Legal dijo que esas acciones esta prescritas” Respuesta digna del más “recalcitrante capitalismo salvaje” habida cuenta que somos todos de avanzada tercera edad, incluso, varios de nuestros compañeros han fallecido.

        Ciudadano Presidente, La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 2 y 89 establecen:

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

1.    Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias

¿Cómo explicar, Presidente, que una simple norma de procedimiento extinga un derecho laboral violando un principio establecido en nuestra Constitución, especialmente en un estado que se funda sobre la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos?.  ¿Dónde quedó el Estado Social de Derecho y de Justicia? ¿Debemos presumir un doble discurso cuando se trata de Empresas del Estado, al actuar igual o peor que las Empresas “Capitalistas”?. Entonces ciudadano Presidente, ¿Qué entendemos por “Socialismo”?, o mejor dicho, ¿Cómo definiríamos “a un Estado Socialista”?.

         Al margen de cualquier consideración de carácter ideológico, el “Socialismo”, de cualquier siglo, no es más que la repartición equitativa de la riqueza de un país, cuando decimos “la riqueza de un país” (valga la redundancia) no nos referimos a sus Recursos naturales, nos referimos a su PRODUCTIVIDAD, a su Producto Interno Bruto, a su crecimiento económico sostenido en el tiempo, un país donde sean repartidos equitativamente los beneficios de esa producción para  construir un país de pura clase media; sacar de la pobreza a sus ciudadanos, aunque luego éstos se conviertan en “escuálidos” (de lograrlo, el Estado Socialista habría cumplido su finalidad).

        Señor Presidente, la diferencia que existe entre un “Trabajador” y un “Empresario”  es que mientras el Trabajador labora para obtener un “Dinero” para mantenerse dignamente con su grupo familiar, en cambio el “Dinero trabaja para el Empresario”, pero esas inversiones no serían productivas sin el “concurso de los Trabajadores”, pero a la hora de repartir el producto de ese Trabajo, en los sistemas económicos Capitalistas Neo Liberales, el Empresario se queda con la mayor parte, para no decir con todo; ejemplo de ello, en nuestro País la Ley obliga a repartir entre los Trabajadores, como Utilidad, el quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos que hubieren obtenido en su ejercicio anual, gravables y no gravables, sin embargo, la realidad es otra; tanto la mano de obra, como las prestaciones sociales (incluyendo la utilidad) forman parte de la estructura de los costos de producción de esos bienes o servicios  por consiguiente inciden en el precio final del producto,  lo que se traduce que seamos los ciudadanos los que pagamos esos conceptos al acceder a esos bienes o servicios.-

        Como podemos siquiera pensar en “Construir en Estado Socialista”  si se llega a la conclusión que para los Empresarios, incluyendo a las Empresas “Socialistas” del Estado, por lo visto, “El Recurso Humano” es considerado como una máquina más en el proceso productivo, la cual se deprecia con el transcurrir del tiempo hasta que ya no sea rentable mantenerla y “sencillamente se aparta o se desecha”

         Camarada, Los recursos Humanos es la mayor riqueza que pueda tener un País, el capital, transformado en instalaciones, maquinarias y equipos es inoperante sin ese Recurso. La mayoría de los países europeos, asiáticos, carentes de Recursos Naturales se han desarrollado o están en pleno crecimiento económico precisamente por darle el justo valor al potencial humano, lo que inexorablemente se traduce en elevar la calidad de vida de los ciudadanos

        Esperamos señor Presidente, que  su intervención en este asunto, sirva para que la Directiva de la “Corporación “Socialista” de Cementos” no se ampare en una norma de procedimiento como lo es la “Prescripción” para extinguir una deuda, que si bien es de la Empresa Intervenida y adquirida por el Estado, la Junta interventora estaba al corriente de la misma. Es bueno aclararle que en ningún momento queremos aprovecharnos de una situación sobrevenida, simplemente queremos se nos cancele lo que por derecho nos corresponde en base a la Constitución  y la Ley,  para al menos con esos recursos, vista la avanzada edad de la mayoría de nosotros, poder colaborar con nuestros familiares en los gastos funerarios, cuando Dios tenga a bien solicitarnos. Igualmente hacemos de su conocimiento, en caso de ser infructuosa su mediación ante la Empresa, estamos dispuestos a continuar la lucha por nuestros Derechos y acatando el criterio del Tribunal Supremo de Justicia sobre el artículo 61 de la Constitución, solicitamos su permiso, como máxima autoridad del País, para protestar pacíficamente delante de los Portones de la Empresa ubicados en Pertigalete, Municipio Guanta del Estado Anzoátegui.

        Sin más a que hacerle referencia reciba usted el más cordial y caluroso saludo Bolivariano