“Sabemos que todos los
trabajadores han estado a la altura de las circunstancias y de los
requerimientos de la sociedad venezolana, aún en los momentos más difíciles”.
Estas palabras que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
magistrada Gladys Gutiérrez, le dirigió a los empleados del organismo el pasado
30 de abril, en un acto por el Día del Trabajador, parecían el preludio de un
reconocimiento, en forma de un ajuste salarial que los compensase por los
estragos que la inflación y la devaluación han hecho en sus bolsillos.
Sin embargo, lo que anunció la
Magistrada estuvo en las antípodas de lo que los congregados en el auditorio de
la institución esperaban oír. Ese día, según comunicado enviado por el TSJ, la
funcionaria informó que el máximo juzgado suscribió un acuerdo con las Tiendas
del Sur para que los trabajadores puedan adquirir “artesanías y libros” a
precios especiales; y además indicó que estaban por firmar sendos pactos con
las universidades Bolivariana y de los Trabajadores para facilitarles la
continuación de los estudios superiores.
“Hay mucha molestia entre los
abogados proyectistas, porque ven como sus ingresos no hacen sino mermar y la
única compensación son libros y estudios en casas de estudios sin trayectoria”,
aseguró uno de ellos, quien recordó que desde la gestión de la magistrada Luisa
Estella Morales se impuso en el TSJ la tesis de realizar aumentos salariales de
acuerdo a la línea de Ginni, promoviendo así incrementos mayores entre quienes
menos ganan (personal obrero) y menores entre quienes más (personal técnico) para
supuestamente acabar con la desigualdad.
“Los ajustes de los últimos seis
años para los abogados no deben alcanzar a la tercera parte de los aumentos del
salario mínimo decretados por el Gobierno y por eso en los últimos meses se han
producido renuncias, porque en el sector privado puedes ganar más y tienes
menos responsabilidad”, agregó el confidente.
Aunque no ha habido aumento, los
trabajadores han recibido algunos ingresos extra. Sin embargo, los consultados
los consideran insuficientes.
“Por el Día del Trabajador nos
dieron un bono de 2.500 bolívares en cestaticket y por el de la Madre le dieron
a las madres 1.200 bolívares en efectivo, mientras el Gobierno ya ha subido dos
veces el salario mínimo”, afirmó un abogado, quien apuntó: “Esto es una burla
si se compara con los 50 mil bolívares que reciben los magistrados en su
tarjeta de alimentación, los cuales son adicionales a los 48 mil que perciben
por salario”.
La Ley de Emolumentos fijó en 12
salarios mínimos el tope que puede recibir un integrante del TSJ, lo cual
equivale a 48 mil bolívares en la actualidad.
La fuente señaló que la molestia
entre el personal se agrava por los retrasos en los que ha incurrido a la hora
de entregar los vehículos Chery, de fabricación china, que los empleados compraron
a través de la Caja de Ahorros.
Magistrados consultados, por su
parte, aseguraron que la directiva analiza realizar un ajuste, pero que estudia
si es necesario solicitar un crédito adicional al Gobierno. (EU)
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