La periodistas de investigación
Sebastiana Barráez publica hoy en su columna en el semanario Quinto Día, los
emblemáticos casos de cuatro altos funcionarios chavistas que, luego de verse
envueltos en escandalosos casos de corrupción y dolo, han recibido “medidas
humanitarias” de parte de un sistema judicial que por otra parte le niega
cualquier posibilidad a quienes son etiquetados de opositores.
Lea a continuación los comentarios
de Sebastiana Barráez
JUSTICIA. Con el cuento de las
medidas humanitarias, la justicia venezolana se ha enseñoreado ante algunos
delincuentes de cuello blanco. Pregona el chavismo que en la Cuarta República
era más grave robarse una gallina que meter las manos en el erario público. Se
ha reeditado el hecho. No sólo son las empresas de maletín que se robaron
millones de dólares de Cadivi y cuyos nombres es el secreto mejor guardado del
país. Ejemplo de tres casos que dejan mal parada a la “justicia” ante
funcionarios señalados de corrupción. He ahí el del ex gobernador del estado
Guárico, Luis Enrique Gallardo, señalado por malversación de fondos sobre
varios cientos de viviendas que jamás fueron ejecutadas y cuyo dinero no
apareció. El 27 de junio 2013, Maduro anunció que estaba preso. Ya para
diciembre el juez José Cumares, mandó a Gallardo para su casa, porque el pobre
tiene una “hipertensión leve”. Igual sucedió con el Rey de la Cabilla, Luis
Velásquez, quien permaneció un tiempo en las celdas de la DIM, pero luego en
una maniobra judicial, le dieron medida humanitaria, dizque porque estaba a
punto de morir de leucemia. Eso fue hace más de un año. Otro caso escandaloso
fue el del alcalde de Valencia, Edgardo Parra Oquendo, acusado por presunto
concierto con contratista en grado de cómplice necesario, corrupción propia,
peculado doloso impropio y asociación para delinquir. Sólo estuvo 7 meses
detenido y a mediados de mayo 2014, el Tribunal Tercero de Control, lo
beneficia con medida humanitaria porque le darían taticardias. Le habrían
devuelto todos los bienes.
FERMÍN. Es el abogado Lisandro
Fermín. Fue delegado de la Defensoría del Pueblo en Falcón durante los años
2009-2012. El 2 de agosto 2012, 130 Consejos Comunales del municipio Miranda de
ese estado, le entregaron a la Defensora Gabriela Ramírez, una carta donde
denunciaban a Fermín por considerar su comportamiento ético y moral no acorde
con el cargo. El 3 de agosto 2012 escucharon por la emisora Wao 102.3 FM
Programa Radial La Matraca del Pueblo a Gabriela Ramírez decir que la habían
visitado “unos consejos comunales chimbos del municipio Miranda y afirmando que
el abogado Lisandro Fermín era una persona trabajadora y honorable”. Un mes
después, el 01 de septiembre 2012, una
comisión del Sebin de Caracas habría detenido infraganti al abogado Fermín
mientras extorsionaba a un empresario por Bs. 300 millones. Fermín fue recluido
en la Comandancia de Policía, con ciertos privilegios. En marzo 2013 el juicio
es radicado en Anzoátegui. “La sorpresa de los consejos comunales, es que el 30
de septiembre, cuando el presidente Maduro visitó el Batallón de Infantería
Girardot de Coro, en la comitiva de recepción, y junto al alcalde deMiranda, la
Gobernadora del estado y el diputado Jesús Montilla, estaba el abogado Fermín”.
Lo insólito es que el 14 de abril 2014 la Defensora Gabriela Ramírez, nombró
Delegado de la Defensoría del Pueblo en el estado Sucre a Lisandro Fermín.
Publicado originalmente en el
semanario Quinto Día
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