El Tiempo.- El alcalde del municipio Simón
Bolívar, Guillermo Martínez, anunció este miércoles la intervención de las
direcciones de Catastro y Urbanismo, debido a denuncias que ha recibido sobre
supuestas actuaciones irregulares de algunos funcionarios de mediano y bajo
rango.
El mandatario afirmó que se
investigará en torno a la presunta entrega de permisos de construcción de
manera fraudulenta, así como la ejecución de levantamientos catastrales que
habrían sido efectuados inadecuadamente.
Martínez se reservó las fuentes,
pero aseveró que cuenta con suficientes pruebas en las que prefirió no
profundizar.
Expresó que el objetivo también
es combatir la “ineficiencia” con la que se había venido operando en los
mencionados despachos. Admitió que la utilización de mecanismos “arcaicos” ha
sido una debilidad.
“La idea es lograr la
automatización de las actividades. Queremos un trato más transparente de parte
de los funcionarios y fortalecer los principios y valores de ética”.
La dirección de Urbanismo es la
encargada de organizar y regular todo lo relacionado con las construcciones de
obras en las comunidades, proyectos de vialidad y desarrollo de servicios. En
tanto, Catastro maneja información sobre la condición jurídica y localización
de todos los inmuebles del municipio.
El proceso y la ley
La intervención se realizará
mediante la firma de un decreto, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm), artículo 88. El trabajo durará 60
días.
Según la Loppm, la intervención
debe realizarse de la mano de la Sindicatura Municipal. En el artículo 121,
numeral 3, la ley estipula que el abogado del municipio deberá “asesorar
jurídicamente al alcalde y al Concejo Municipal, mediante dictamen legal e
informes que correspondan a sus solicitudes”.
El mismo precepto, en su
parágrafo 6, dice que el síndico está en la obligación de “denunciar los hechos
ilícitos en que incurran funcionarios o empleados en el ejercicio de sus
funciones y, previa autorización del alcalde, intentar las acciones jurídicas a
que haya lugar”.
El alcalde Guillermo Martínez
explicó que aquellos funcionarios a los que se les comprueben delitos penales
serán pasados al Ministerio Público.
Mientras que quienes tengan
responsabilidad administrativa se les abrirá un expediente, según la Ley del
Ejercicio de la Función Pública.
Posición
En un sondeo realizado a siete
usuarios de ambas direcciones, las apreciaciones fueron diversas.
Rosa Parabacuto consideró justa
la intervención porque los procedimientos son muy engorrosos. “Mi esposo está
tratando de obtener una ficha catastral y ha sido un proceso”.
Gerardo Medina precisó que hay
mucha burocracia.“Procesos que se pueden hacer en dos pasos ameritan al menos
10. Eso nos complica todo”.
Pandora Noriega cree que la
alcaldía también debería intervenir otras direcciones, como Hacienda Municipal.
Otro tubazo
El alcalde de Barcelona,
Guillermo Martínez, anunció que acudirá al Ministerio Público (MP), a fin de
solicitar que se investigue la supuesta venta de terrenos de manera
fraudulenta. Los responsables serían alcaldes, notarios y registradores “de la
Cuarta República”. Expresó que las parcelas negociadas irregularmente estarían
ubicadas en Nueva Barcelona y Los Potocos, entre otros.
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