La fiscal General de la
República, Luisa Ortega Díaz, publicó este viernes un listado de 20 personas,
accionistas o representantes vinculados con 13 empresas, acusados por el
Ministerio Público (MP) por el uso irregular de divisas, reseña AVN.
La información dada a conocer por
la representante del Poder Ciudadano vía Twitter menciona a la compañía
Inversiones Trébol Rojo, cuyos integrantes Rubén Arráiz, Grusbel David
Hernández, Nasser Yamil Trabien, Lilimar Barroso García, Víctor Lozada
Ceballos, José Miguel Molina y Darwin José Padilla fueron acusados por
obtención fraudulenta de divisas a través de medios electrónicos y contrabando
agravado.
De la Comercializadora González
CG04 están acusados Javier Orlando González y Luis Gabriel González por
obtención ilícita de divisas.
Del mismo modo, de la Importadora
Hadi el MP acusó de nuevo a Lilimar Barroso García y a Addul Manzur Morad por
obtención fraudulenta de divisas y alteración de documento privado.
Aparece en la lista la
Comercializadora Internacional Willhfrankg, de la que fueron acusados Williams
Alberto Herrera, Franklin Alexis Gómez y Filia Sandoval Quintero, por obtención
fraudulenta de divisas. Sobre los dos primeros recae también el delito de
facilitador en legitimación de capitales.
Asimismo, de la empresa
Distribución y Producción Agropecuaria está acusado Francisco Fernández
González, por uso de certificaciones falsas; mientras que Leopoldo David Díaz y
Erling David Urdaneta, de la compañía Medisyst, recibieron la acusación del MP
por obtención fraudulenta de divisas en grado de frustración.
Francisco Navas Lugo y José
Daniel Stekman están vinculados, a su vez, con seis empresas: Importadora
Tumici, Mundo Blanco, CyC Agroinsumo, Distribuidora y Ensamblaje de Venezuela,
Inversiones 23019 y Servialimento Import Lara.
Navas Lugo fue gerente de Operaciones
de la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y está acusado por
legitimación de capitales, asociación para delinquir y cómplice necesario en la
obtención fraudulenta de divisas.
Su primo, Stekman Lugo, está
también acusado por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Por último, Carlos Gustavo
Hernández y Carlos Iván Hernández Bohórquez, de la empresa Detectalarm, están
acusados por obtención de divisas en grado de tentativa.
La semana pasada, la Fiscal
publicó dos listados que suman 116 empresas señaladas en investigaciones
penales que desarrolla el MP por el uso irregular de recursos en moneda
extranjera otorgados por la desaparecida Cadivi, hoy Centro Nacional de
Comercio Exterior (Cencoex).
El lunes, Cencoex anunció una
serie de medidas sancionatorias sobre 33 empresas que no acudieron a la
convocatoria realizada por el organismo para verificar el correcto uso de
divisas autorizadas por el Estado para importaciones.
A tales compañías se les revocó
el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad), de
manera que no podrán hacer nuevas solicitudes de moneda extranjera, y tampoco
podrán participar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2), un
mecanismo que permite acceder a divisas a través de los bancos y casas de
bolsa.
Las empresas también se exponen a
sanciones penales, pues sus expedientes serán remitidos al Ministerio Público
(MP) “ante la presunción de un ilícito cambiario”. También pueden ser sometidas
a sanciones pecuniarias.
La Ley del Régimen Cambiario y
sus Ilícitos establece penas de tres a siete años de prisión por delitos como
adquisición de divisas mediante engaño o violando normas y su utilización en
fines diferentes a los que motivaron su solicitud. Además, se plantean multas
del doble de la operación, equivalente en bolívares.
El 20 de julio, el Cencoex
informó la activación de un dispositivo especial para verificar el uso correcto
de divisas autorizadas a 1.059 empresas. Durante las dos primeras semanas de la
ejecución de este plan, que se extenderá hasta el 30 de octubre, fueron
convocadas 150 personas jurídicas.
La investigación sobre
irregularidades en el uso de divisas otorgadas por el Estado a empresas que
importan bienes fue ordenada por el presidente de la República, Nicolas Maduro,
quien nombró el año pasado una comisión especial para precisar la utilización
de divisas otorgadas por Cadivi en 2011, 2012 y 2013.
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