El venezolano y director de la
empresa Tecnobreaks, basada en Panamá y única accionaria de Epalisticia, actual
propietaria del diario El Universal de Venezuela, demandará a las personas
detrás de la transacción a través de la cual su empresa se utilizó para
comprar, presuntamente, el medio de comunicación, publica el portal
panampost.com.
El demandante, Carlos Odín
Velazco, ha reiterado que no tiene nada que ver con la compra del periódico
centenario de Venezuela. Culpa al abogado y agente de la empresa, Alejandro
Quiodettis, así como a tres ciudadanos españoles, que tras una sospechosa
transacción ahora ocupan cargos dentro de la empresa fundada por Velazco.
Velazco fue el director formal de
Tecnobreaks hasta el 17 de julio, cuando Quiodettis registró un documento sobre
una reunión extraordinaria de los accionistas, supuestamente celebrada el
febrero pasado, en la cual Velazco dejaba su puesto como director y los tres
españoles, miembros de Epalisticia, pasaban a tomar los cargos de director,
tesorero y secretario de Tecnobreaks Inc.
La información revelada por el
investigador Alex Boyd en el blog Infodio, asegura que el día de la usurpación
demandada por Velazco, el capital de la empresa Tecnobreaks aumentó de
US$10.000 a $1.000.000.
Desde Ciudad de Panamá, Velazco
informó que introducirá una demanda civil y penal “en contra de los autores
materiales de la compra del periódico El Universal en la que me he vuelto
inmerso, ya que no he obtenido respuesta satisfactoria por parte del abogado Alejandro
Quiodettis, quien fue el autor de la estafa realizada con mi buen nombre y
utilizando de manera ilícita y fraudulenta mi empresa”.
La demanda también irá en contra
de los tres españoles mencionados por Boyd en su blog como miembros de
Epalisticia, y ahora de Tecnobreaks: Eduardo Escribano López de la Osa, José
Luis Otero Basanta, y José Antonio Lopez de la Torre. El grupo es acusado por
Velazco de violar el artículo 366 del Código Penal panameño, sobre la
falsificación de documentos públicos, y contempla un castigo de prisión de
cuatro a ocho años.
El fundador de Tecnobreaks
asegura que posee todos los documentos que respaldan que sigue siendo el dueño
de su empresa, y sin los cuales no se pudieron haber hecho de forma legal las
modificaciones que reclama.
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