El International Bar
Association’s Human Rights Institute (Instituto de Derechos Humanos de la
Asociación Internacional de Abogados) (IBAHRI) expresa su grave preocupación
ante la situación de deterioro del estado de derecho en Venezuela, donde se ha
registrado recientemente un creciente número de arrestos de profesionales de la
justicia, incluidos los del juez Alí Fabricio Paredes y el abogado Tadeo
Arriechi Franco.
El juez Paredes fue arrestado por
agentes del servicio nacional de inteligencia de Venezuela el 10 de febrero de
2015, menos de 24 horas después de haber condenado a Walid Makled a 14 años de
cárcel por tráfico de drogas y blanqueo de dinero en un caso de alto perfil. La
Fiscalía General anunció que el juez Paredes había sido arrestado debido a que
la sentencia emitida en el citado caso, la cual se consideraba demasiado
indulgente, favoreciendo presuntamente al acusado.
‘Los ataques al poder judicial
que tienen lugar en Venezuela constituyen una grave preocupación para el
International Bar Association’s Human Rights Institute, declaró Hans Corell, copresidente
de IBAHRI. ‘Arrestar a cualquier juez por dictar una sentencia que el Gobierno
considera demasiado indulgente, como en el caso del juez Paredes, perjudica
fundamentalmente las nociones básicas del estado de derecho, la democracia y la
separación de poderes. Condenamos
enérgicamente el arresto del juez Paredes, y recordamos a las autoridades de
Venezuela que el magistrado tiene derecho al debido proceso y que toda condena
está sujeta a apelación y a control judicial’.
Asimismo, el IBAHRI pide la
liberación del abogado defensor Sr. Franco, que fue arrestado el 8 de febrero
de 2015 por su participación en el caso de la cadena de supermercados Día Día
Practimercados, acusada por el Gobierno de desestabilizar la economía. El
IBAHRI apoya plenamente al Colegio de Abogados de Caracas, que firmó una carta
abierta fechada el 12 de febrero de 2015, en la que se exige su liberación
inmediata.
La copresidenta de IBAHRI,
baronesa Helena Kennedy QC comentó que‘Las implicaciones de los continuos
ataques contra el estado de derecho en Venezuela son motivo de gran
preocupación para el International Bar Association’s Human Rights Institute. A
fin de que haya confianza pública en la administración imparcial de la
justicia, el Ejecutivo debe respetar la separación de poderes. Lamentablemente
para los ciudadanos de Venezuela, su Gobierno viola los derechos democráticos a
los que ellos tienen derecho al amparo de la Constitución de Venezuela y los
cuales se han consagrado en los tratados internacionales de los que Venezuela
es parte, en particular los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la
Función de los Abogados, que establece que “Los abogados no serán identificados
con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del
desempeño de sus funciones”.’
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