IMPACTO CNA/ Arrancó temprano la Asamblea Nacional. La noche del martes la mayoría del Poder Legislativo sancionó la primera norma de 2012: la reforma a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Las diferencias entre la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Mesa de la Unidad Democrática hicieron imposible alcanzar el consenso en esta materia.
El diputado José Antonio España (MAS-Miranda) opina que el texto impulsado por el PSUV viola, al menos, 20 artículos de la Constitución. “Esta ley vulnera el derecho a asociarse y a la protesta y presume que todos somos sospechosos”, acota. España dice que con la creación de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo “le quitan a la Fiscalía el monopolio de la acción penal”.
Al parlamentario Eduardo Gómez Sigala (Copei-Lara) le preocupa “la vaguedad e imprecisión” de los conceptos expresados en el instrumento. “Esa generalidad es peligrosa”, advierte y sostiene que el chavismo asumió la redacción de esta norma bajo la premisa de “legislar para el enemigo”.
Gómez Sigala considera que la Cámara aprobó “la segunda versión de la ley sapo”. ¿Por qué? Los sujetos obligados por la ley tendrán que denunciar cualquier movimiento que estimen “sospechoso”, aunque provenga de una “fuente lícita”, sin que ello acarree sanción penal. De no proceder, deberán pagar multas entre 500 y mil unidades tributarias.
“Además, desconoce la proporcionalidad de las penas, facilita que cualquiera pueda ser calificado como terrorista y no se ajusta en su totalidad a las regulaciones internacionales”, enumera el representante.
Versión roja
El diputado Elvis Amoroso (PSUV-Aragua), proponente de la ley, afirma que la reforma se ciñe
