La industria cementera es
percibida por opositores como centro de supuesta corrupción, mientras que en el
oficialismo denuncian el deterioro de las instalaciones por fallas en
mantenimiento desde 2011.
El diputado de Acción Democrática
William Dávila solicitó a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional
investigar el desvío de productos hacia terceros y el contrabando. “Hay empresas de maletín que
compran y revenden el cemento a precios por las nubes. Por ejemplo, Cementos
Andinos no surte a proveedores, sino a amigos del gobierno que revenden a 400
bolívares por paca. El depósito de Venezolana de Cementos, S. A, ubicado en la
zona industrial de El Vigía, Mérida, desde hace 25 años, fue eliminado por
orden del coronel Virgilio Labrador, presidente de VenCemos”, afirmó Dávila.
