Intervención de PoliSotillo plantea dudas sobre administración de alcalde de Puerto La Cruz

Informe 25.- El proceso de intervención adelantado en Anzoátegui por el Ministerio de Interior y Justicia no ha sido solamente relativo a la policía estadal. Le ha tocado el turno a las policías municipales. Acaba de anunciarse la intervención de PoliSotillo (policía municipal de Puerto La Cruz) para evaluarse los perfiles profesionales y administrativos de toda la plantilla del organismo.
Ha de ser el tenor de la percepción que se tiene de PoliSotillo, que ha sido una de las primeras policías municipales en ser intervenida por el ministerio y la gobernación de Anzoátegui. Sólo las denuncias ante la Fiscalía 19 del Ministerio Público en materia de derechos fundamentales del estado Anzoátegui en contra de agentes del cuerpo son suficientes para una intervención. Miembros de las comunidades porteñas se han visto en la necesidad de denunciar a funcionarios por corrupción, ajusticiamientos, hurto, asociación para delinquir y otros delitos. En las comunidades les temerían más a los uniformados de Polisotillo que a los propios azotes de barrio. Se cree que algunos funcionarios son cabecillas o forman parte de bandas dedicadas al narcotráfico y al sicariato, conformadas también por ex reos del penal de Puente Ayala.

Con gran desparpajo el alcalde de Puerto La Cruz Stalin Fuentes anunció que a partir de la intervención quedaron prohibidas las comisiones de servicio, llamando a los funcionarios que laboran como escoltas a presentarse en el comando. Con ello el alcalde reconoció dos cosas, que había funcionarios en comisión de servicio y que parte cumplía funciones de escoltas. Lo que puede determinarse con la intervención es cuántos de ellos trabajan no para el municipio sino para resguardar a locales comerciales, empresas, transportes de valores y a comerciantes privados. El “rebusque” lo justifican quienes defienden a los policías por el hecho que PoliSotillo arrastra una deuda de cuantía con sus oficiales y estos son muy mal pagados. La intervención no solamente tendrá que poner en orden dónde están, qué hacen y cuáles son los antecedentes de los funcionarios, también deberá poner en claro quiénes han sido las personas ajenas a la institución, supuestamente empresarios y comerciantes algunos, a quienes presuntamente se les han entregado armas, radios transmisores y credenciales.
Pero un mal presagio es que uno de los encargados de realizar la intervención es un ex funcionario policial que persiguió a miembros del movimiento revolucionario MBR-200 en la época de las intentonas golpistas de 1992. El “interventor” y ex director de Polisotillo allanó residencias de líderes de izquierda y los persiguió hasta más no poder. Sus órdenes llegaban a tal punto de amenazar con batirse en duelo con efectivos de la Guardia Nacional que cumplían los toques de queda de 1992 con tal de encontrar, arrestar y amedrentar a los dirigentes del MBR-200.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad del alcalde Stalin Fuentes en el deterioro de las funciones y estructura de PoliSotillo? ¿Porqué han empeorado las condiciones laborales de los policías durante el gobierno de Stalin Fuentes? ¿Por qué ha sido tardía la manifestación del alcalde en anunciar una intervención? Las respuestas deberá hallarlas el Ministerio de Interior de Injusticia a través de un proceso transparente que sea conducido por funcionarios probos que nada tengan que ver con el organismo policial.