CIFRAS.-Anzoátegui es uno de los estados
donde se especula con mayor saña. No ahora. Ese ha sido un comportamiento de
toda la vida. Puerto La Cruz fue catalogada como la ciudad más cara del país
junto a Puerto Ordaz y por encima, ambas, de Caracas. Nunca, ninguna autoridad
le ha puesto empeño a combatir este corrosivo flagelo. Nunca y sin excepción.
Ni antes ni ahora. Ni gobiernos regionales y menos municipales. Los gerentes
oficiales son ciegos ante el abuso comercial. La cosa hoy es más seria y
perjudica mayormente a quien menos tiene. Los grandes especuladores son los
pequeños expendedores de cualquier-cosa en recintos dispuestos específicamente
para abaratar la comida del pueblo: los mercados. Igual hacen los buhoneros. Al
lado de la policía, de la guardia nacional y de algún fiscal de Indepabis
comercializan productos regulados al precio que los obliga su necesidad de
ganarse unos churupos. Elías Eljuri los incluye en su estadística como
trabajadores. Uno de ellos argumentó que paga un taxi para ir a Macro, compra
ciertos productos que vende al doble de la regulación y con eso obtiene una
utilidad neta de unos 200 bolívares…ese día. Con ellos come. No sabe si al día
siguiente habrá algo que valga la pena en Macro. Igual se cala tres horas de
cola para comprar seis kilos de harina Pan. La vende al triple y logra menos de
los 200 bolívares. Se trata de una realidad social que no se tapa con la
“brillante idea” del general Rodríguez Torres de sacar a la Fuerza Armada a la
calle.
Hay un ejemplo muy usado, pero no por
ello irrelevante: “La noticia no es que
el perro mordió a un hombre sino que el hombre mordió a un perro”. ¿La
razón? Muy obvia. Igual sucede con el gobernante. La noticia no puede ser que
realizó una obra porque, primero, para eso le pidió al elector que lo apoyara y
segundo que para construirla recibe el dinero necesario. La noticia es que no
haga la obra. Que haya desviado los recursos así sea para otra iniciativa
loable. La noticia es que no cumpla con el 100 % de su oferta electoral porque
nadie lo obligó a formularla. Y eso ha sido así desde que el periodismo es tal,
aunque siempre con los tropiezos usuales los cuales tienen gradación según sea
el estilo del gobernante. Un hombre sabio dijo en alguna ocasión “No estoy de acuerdo con lo que dices pero
daría mi vida para que pudieras decirlo”. Desde luego que ese era un
demócrata y no un burócrata. De manera que cuando un periodista escribe y es
responsable de su aseveración no debe existir represalia alguna, a menos que
sea por vía jurisdiccional ante una situación rayana en la calumnia. El
periodista como cualquier profesional puede errar. Este servidor lo ha hecho.
Pero el periodista tiene la obligación (consigo mismo, incluso) de reconocer el
yerro y presentar las excusas pertinentes. Este servidor lo ha hecho. Porque
igual, el médico se equivoca con riesgo mayor. El abogado se equivoca y
perjudica a su cliente. El ingeniero se equivoca y se derrumba el edificio. En
estos casos la Ley dispone de penalizaciones acordes con el grado del desliz pero en los casos periodísticos,
no es que exista alguna laxitud sino que los “delitos de opinión” son propios
de gobiernos autoritarios sin independencia de poderes.
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