La Cámara de Representantes de
Estados Unidos aprobó este miércoles un paquete de sanciones a funcionarios de
Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos durante recientes
manifestaciones antigubernamentales.
El paquete de sanciones, aprobado
por voto cantado en el plenario y sin oposición, determina que el gobierno
defina un listado de funcionarios venezolanos que tendrán vetado el ingreso a
Estados Unidos y sufrirán el congelamiento de eventuales activos en territorio
estadounidense.
El texto, que había sido aprobado
por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara, fue
defendido por legisladores de los dos partidos, el oficialista partido
Demócrata y el opositor Republicano.
Un texto similar, que determina
sanciones a funcionarios venezolanos, ya fue aprobado en la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado y aún deberá ser sometido al voto en la cámara
alta del Congreso estadounidense.
En el caso de que los dos textos
aprobados sean diferentes, deberán ser sometidos a una comisión que unificará
las propuestas.
Al presentar el proyecto, la
legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que era necesario “condenar
los abusos a los derechos humanos en Venezuela y responder a los gritos de los
venezolanos”.
Las tentativas de poner fin a la
crisis en Venezuela mediante el diálogo “no han dado resultados, no generaron
acciones, no hubo concesiones, y los inocentes aún son encarcelados”.
El legislador demócrata Joaquín
Castro, a su vez, dijo que las 42 víctimas fatales durante las manifestaciones
que comenzaron en febrero pasado en Venezuela son una “absoluta catástrofe”.
De acuerdo con Castro, “no hay
ningún mecanismo en esta ley que pueda afectar negativamente a los venezolanos
comunes”.
El paquete de medidas brinda al
presidente Barack Obama “una gran flexibilidad para responder a eventos sobre
el terreno en Venezuela” y la posibilidad de suspender las sanciones “en
cualquier momento”.
Las protestas iniciadas en
febrero en contra de la escasez de productos básicos, la inflación anualizada
de 60% y la alta criminalidad, dejaron 42 muertos -algunos policías-, unos 800
heridos y 250 detenidos.
A pesar del apoyo legislativo a
las sanciones, el Departamento de Estado ya dejó claro en varias oportunidades
que consideraba las sanciones una “opción”, pero que prefería impulsar el
diálogo entre las partes enfrentadas en Venezuela. AFP
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