Bases de datos de venezolanos en manos cubanas

El Gobierno delegó el diseño de sistemas de información en áreas neurálgicas: identificación, propiedad privada, policial y petrolera, entre otras. "Recibimos asesoría cubana, pero somos totalmente soberanos", asegura Dante Rivas, director del Saime

Cientos de cubanos manejan los sistemas que recogen la información sensible de los venezolanos. El de identificación, el de las empresas y bienes que transan en el mercado, los registros policiales y la actividad petrolera. La cooperación binacional abarca campos más amplios que la salud, la educación o el deporte: el gobierno de Hugo Chávez ha encomendado el diseño de las principales bases de datos del país a técnicos cubanos.

Los convenios firmados con el Ministerio de Informática y Comunicaciones de Cuba, del que es titular el general Ramiro Valdés, han permitido que a los médicos y entrenadores de la isla que vienen a Venezuela se le sumen ingenieros y desarrolladores de software. Proceden de la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana que fue creada en 2002 para consolidar la Batalla de las Ideas, plan cultural de la Revolución Cubana. Los acuerdos forman parte del Alba, la plataforma de integración regional impulsada por Chávez.

Uno de los principales clientes venezolanos de los productos tecnológicos de la isla es el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Entre 2004 y 2007, el organismo firmó acuerdos con la UCI y el despacho de Valdés para poner en marcha proyectos que requieren nuevos sistemas.

Los cubanos asesoraron la transición de la antigua Oficina Nacional de Identificación y Extranjería a lo que ahora es el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Incluso en procesos como la solicitud del pasaporte hay participación cubana: técnicos de la isla diseñaron el portal del Saime, a través del cual se piden las citas.

En 2005, la UCI creó lo que denomina su "cara comercial", la empresa Albet Ingeniería y Sistemas S. A., que vende los servicios y productos de la universidad cubana. "Sus resultados en la exportación la ubican como una de las principales empresas de su sector en el país, con una destacada participación en el Convenio de Cooperación Integral Cuba-Venezuela y con grandes perspectivas de crecimiento en su proyección internacional", afirma la compañía en su sitio web.

De acuerdo con documentos que la UCI ha presentado en eventos internacionales, Albet esperaba facturar 174 millones de dólares en 2009 y proyecta ganancias de 252,3 millones de dólares en 2010.

Las facturas se pagan con petróleo venezolano.
De la mano Albet gestiona el plan insignia del Saime en los últimos dos años: la emisión de pasaportes y cédulas electrónicas, que prometió expedir en 2010 y cuyo valor sobrepasa los 200 millones de dólares.

El diseño de las identificaciones venezolanas tiene dos autores, la UCI y el ministerio que rige Valdés en Cuba. En la VII Conferencia de Ministros de Información y Comunicaciones del Movimiento de Países No Alineados, que se celebró en Margarita en julio del año pasado, ambas instituciones presentaron este plan como uno de sus proyectos más exitosos. El diario oficialista cubano Juventud Rebelde señaló en su reseña que el proyecto "revolucionó la emisión de cédulas y pasaportes, migración en aeropuertos, puertos, puntos fronterizos y de control de extranjeros que radican en el país (Venezuela), a partir del cambio de los procesos y el desarrollo de un software para la gestión".

El programa informático interactúa con dispositivos de captura biométrica que "evita el fraude al garantizar la unicidad de los ciudadanos por la comparación de las huellas dactilares".

Erick de la Vega, representante de la UCI, dijo a la agencia cubana Prensa Latina que el trabajo en la Misión Identidad se trataba de "una solución integral que incluye todas las herramientas para el proceso de cedulación, pasaporte, control migratorio, manejo de datos y navegabilidad".

La página web de la empresa Albet precisa que se encargaron de crear el centro de datos, las medidas de seguridad para la sede principal y las oficinas regionales del Saime y el suministro de equipos. Gestores venezolanos aseguran que en el Departamento de Informática del Saime trabajan cubanos y que son ellos quienes manejan la data.

Registrados

El Gobierno justificó el desmontaje del antiguo modelo de registros y notarías porque fomentaba la creación de redes de corrupción. La plataforma del Saren, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, fue diseñada por cubanos. En sites de la isla se encuentran algunos proyectos de estudiantes de la UCI para el nuevo modelo de registros venezolanos: detallan cómo circulará la información por los terminales de computación y por qué fue necesario centralizar el pago de los aranceles en la banca pública. "Se desarrolló un sistema que controla, en todo el país, cada una de las operaciones contables realizadas en las oficinas registrales", concluye una de las presentaciones de los cubanos, que lleva el logo del Saren en cada página.

Un grupo de entre 20 y 25 cubanos trabaja en el piso 5 de la sede del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, en el manejo del programa informático que enlaza a los registros y notarías del país que cuentan con el software para el control de sus procesos. "Para mandar memos o circulares a las sedes regionales, hay que ir a las oficinas de los cubanos para que te pasen los datos de las personas y empresas que necesitas", aseguran empleados del Saren que pidieron mantener su nombre en reserva. Coinciden en que los cubanos son los únicos que tienen acceso a la base de datos que muestra las empresas registradas por cada individuo y los actos notariados. "A una de las oficinas donde están los cubanos podemos entrar los venezolanos, pero hay otra a la que no tenemos acceso", agregan.

La empresa Albet indica que el proceso en los registros públicos venezolanos "incluyó la instalación de equipamiento ofimático en oficinas regionales, la consecuente interconexión y almacenamiento de información en un moderno centro de datos". Señala que digitalizaron la documentación legal de estas instituciones y que garantizaron la capacitación y asistencia para el empleo del sistema.

Fuentes del sindicato que agrupa a los trabajadores de registros y notarías señalan que los cubanos que instalaron el sistema hacen frecuentes inspecciones en sus oficinas. "Los trabajadores, los mismos registradores, sienten que tienen jefes cubanos, no venezolanos", dicen.

En una intervención ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a mediados de 2009, el director del Saren, Pedro Maldonado, indicó lo que considera las ventajas del sistema desarrollado por los cubanos: "Hay un tema vinculado a la seguridad de Estado, a la seguridad de los trámites que ahí se brindan; poder saber quién compra y quién vende, qué compran y qué venden, en qué monto compran y en qué monto venden".

Datos estratégicos
Pese a ser una universidad dedicada a la enseñanza de la informática, no fue sino hasta 2008 que la UCI lanzó su página web. Una peculiar anécdota marcó el inicio de la vida virtual de esta casa de estudios: los primeros días, al tratar de acceder a su portal, aparecía la página de la Dirección de Servicios Penitenciarios de Venezuela.

"En la UCI estaban desarrollando este sitio web. Para probarlo lo pusieron en uno de sus servidores y lo configuraron de manera que se veía este sitio respondiendo a www.uci.cu y estuvo así unos días", relata Yudivián Almeida en su blog sobre temas educativos de Cuba.

Luis Medina, director de Tecnologías de la Información del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, dijo en 2008 a la revista Gerente que estaba en desarrollo un sistema de control penitenciario, que a través de la interconexión permitía conocer el número exacto de reclusos para "mejorar la toma de decisiones gracias a un mayor control de cada prisión".

Control interno
Los cubanos también delinearon los programas de información de las policías venezolanas. Los técnicos de Albet desarrollaron dos aplicaciones: el Sistema Integral de Gestión de Emergencias y Seguridad Ciudadana y el Sistema de Gestión Policial (Sigepol). El primero "estandariza el proceso de atención a emergencias y permite realizar análisis estadísticos delictivos a escala nacional", según la página web de Albet. El segundo captura información "que sirva de base en la toma de decisiones en la gestión policial".

En febrero de 2009, cuando se anunció la creación del Sigepol, Edwin Rojas, director de Prevención del Delito, dijo a El Nacional que el sistema almacenaría los expedientes profesionales de todos los policías para evitar "que individuos que ni siquiera son funcionarios `chapeen’ y el otorgamiento indiscriminado de credenciales".

La compañía Albet asegura que la plataforma que diseñó es un aporte para garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana en Venezuela. "Se emplea como parte de esta solución el monitoreo de señales de radio y televisión utilizando tecnología de punta para la obtención y análisis de información de las emergencias y situaciones excepcionales en tiempo real que acontecen en el país". Incluyó la creación de un Centro de Tratamiento y Análisis de Información para evaluar estrategias y acciones en la prevención del delito.

Funcionarios del Cicpc señalan que los sistemas de información policiales ­incluido el de la recién creada Policía Nacional­ son manejados por cubanos y que también están presentes en el manejo de la data de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido antes como Disip.

Pero no sólo el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia es cliente de los servicios informáticos cubanos. El Ministerio de Salud encomendó a Albet la creación del Sistema de Información de Gestión Hospitalaria, para conocer en tiempo real la situación de cada centro de salud y los registros médicos de los 24 estados del país.

Además, la misión médica cubana supervisará la recolección de data para el censo nacional de inmunizaciones que está por comenzar.

Crece la cantidad de información sobre los venezolanos a la que los cubanos tendrán acceso.
En todas partes
Salud. La red de módulos de  Barrio Adentro es atendida  por médicos cubanos. Se  calcula que han pasado por  el país al menos 30.000. No sólo médicos han venido:  técnicos de la Universidad  de Ciencias Informáticas de  Cuba desarrollan los programas de imágenes médicas  que emplean en los Centros  de Diagnóstico Integral. La  Misión Milagro, especializada  en servicios oftalmológicos,  también cuenta con especialistas cubanos.

Energía. El general Ramiro Valdés, tercer hombre fuerte de Cuba, asesora a Venezuela en la crisis eléctrica. Con la intermediación de la isla, Venezuela está comprando las plantas termoeléctricas con las que el Gobierno espera solventar el déficit de generación de energía. La firma cubana Albet y Pdvsa adelantan un proyecto para la recuperación de transformadores eléctricos.

Educación. El Ministerio de Educación es asesorado por cubanos, quienes colaboraron en el diseño de misiones educativas como Robinson, Ribas y Sucre. Los comentarios sobre el monitoreo que ejercen en las zonas educativas ha sido motivo de críticas por la presunta intromisión en el sistema de formación. También vienen de la isla entrenadores deportivos. De acuerdo con autoridades venezolanas, un grupo de 500 instructores de arte se desplegó en 145 barrios caraqueños cuando se creó la Misión Cultura en 2008.

Infraestructura. Brindan asistencia en la proyección y ejecución de obras del sistema ferroviario nacional y al Metro de Valencia, por ejemplo. Con la Constructora ALBA, que es una empresa mixta, participan en el negocio de la construcción de viviendas en Venezuela y otros países. También hay acuerdos para la reparación y construcción de embarcaciones.

Comunicaciones. Cuba participa en la migración a software libre (que no cobra licencias para el uso de programas) de la administración pública venezolana. Han desarrollado las páginas web de organismos públicos. Existe un acuerdo para crear fábricas socialistas de software junto con la firma cubana Albet. Esta empresa maneja, por ejemplo, el proyecto de modernización de las comunicaciones del Despacho de la Presidencia, para el cual en 2008 el Estado aprobó más de 15 millones de bolívares.

*Nota: Este trabajo fue publicado en el cuerpo Siete Días el domingo 28 de febrero de 2010, y fue finalista en el II concurso nacional de reportajes de investigación periodística del Ipys