Expediente Público. Un llamado al presidente Chávez hace
el TCNEL (AV) AMABLE ANTONIO VILORIA con la
esperanza de que el jefe de la Revolución latinoamericana logre intervenir
para que su caso de expropiación “amigable”, que ocurrió hace más de 34 años
(si, leyó bien, 34 años!) y que desde hace ya 14 duerme el sueño eterno
en LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE
TRANSPORTE ACUATICO Y AEREO.
Virola asegura ser uno de los tantos venezolanos víctima de la indolencia, intolerancia,
ineficacia, indiferencia, inoperancia, ausencia de humanidad e ineficiencia de
los personeros que conforman la burocracia gubernamental, en todos los niveles,
en todas las instancias y en todos los gobiernos que lamentable hemos tenido
desde 1958, lo que nos induce a creer que es solo a través de las denuncias
públicas, la única fórmula o vía que les queda a quienes tienen que mendigar
para que el pleno ejercicio de sus legales y legítimos derechos se
haga efectivo.
El caso en cuestión se refiere a la situación de indefensión y de
impotencia en la que se encuentra el ciudadano común ante el poder del Estado, expuesto en diversas oportunidades en las columnas "BUROCRACIA
INEFICIENTE" y en "CARTAS AL DIRECTOR",
respectivamente del Diario Ultimas Noticias, en el semanario Quinto
Día, así como por twitter, y ningún personero del gobierno le hizo caso,
coloquialmente, NADIE LE PARA BOLAS A LOS CIUDADANOS EN SU JUSTOS RECLAMOs.
34 AÑOS ESPERANDO QUE EL ESTADO LE PAGUE
Ahora que nuestro Presidente se ha empeñado a hacer un
gobierno más eficiente y eficaz en todas las instancias del Estado, me permito
DENUNCIAR PUBLICAMENTE la situación de INDEFENSION y de IMPOTENCIA en la que me
encuentro después de 36 años (34) años
de que me expropiaron un terreno, y que se debe exclusivamente a la indolencia,
indiferencia, ineficacia e ineptitud de la burocracia gubernamental a lo largo
de esos años, por una parte de la
Procuraduría General de la República, y por la otra, del Ministerio de Obras Publicas, o de
Infraestructura o de Transporte y Comunicaciones, hoy del Ministerio del Poder
Popular Para Transporte Acuático y Aéreo. A mayor abundamiento, resumo mi caso:
1) En el año 1975 adquirí del Instituto de Provisión Social de
las Fuerzas Armadas (IPSFA), un terreno para la construcción de mi vivienda
familiar, ubicado en la Urbanización Playa Grande en Catia La Mar, Estado
Vargas;
2) Cuando empezaba a construir la vivienda, el terreno fue
afectado para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, según
Decreto Ejecutivo Nro. 1622, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 31004 del 16
de junio de 1976;
3) A los fines hacer mas expedito el pago de la Justa
Indemnización, el 25 de agosto de 1978, concerté con la Procuraduría General de
la República el “arreglo amigable”, y previo el formal avalúo, convine en el
precio determinado por los Peritos. Tal cual se evidencia del acta de
“Convenimiento” y del “Informe de Avalúo”, respectivamente, contenidos en el
Expediente Nro. 20895 de la Procuraduría General y Expediente (Símbolo
Catastral) Nro. 02-01A-010-0151-T-151 (correspondiente a la ampliación del
Aeropuerto Internacional de Maiquetía) que lleva el hoy Ministerio Popular de
Transporte Acuático y Aéreo (antes de Obras Públicas, de Infraestructura y de
Transporte y Comunicaciones), como órgano ejecutor de la expropiación;
