Gramma/MANUEL E. YEPE.- No es extraño
escuchar, como justificación para algún delito menor, que la corrupción y la
deshonestidad derivan de necesidades económicas insatisfechas de determinados
segmentos de la población.
Tal argumento no se
sostiene a la luz del comportamiento del opulento 1 % de la población
estadounidense que es dueño del 40 % de la riqueza nacional de los Estados
Unidos.
Aunque la estructura
financiera de la nación estadounidense —como la de todos los países
capitalistas—está diseñada para favorecer a las capas privilegiadas de la
población dueñas del capital, cada una de las corporaciones y cada
supermillonario por separado dedican ingentes recursos a estudiar las formas y
maneras de sacar beneficios de todo vericueto legal, cada ángulo y cualquier
omisión legislativa que les pueda propiciar privilegios adicionales.
