El llamado escandalo del "elevado-gate" o también conocido como "el affaire de Stalin Fuentes", pica y se extiende. Ahora según el concejal Félix Arriojas, el alcalde de Puerto La Cruz, habría violado nada menos que la Ley de Licitaciones al otorgar directamente el
proyecto de rehabilitación del puente situado en la avenida Municipal a la cooperativa insolvente del esposo de la administradora del ayuntamiento porteño, Yuri Ruíz..
El Tiempo/Expediente Público.- La "rehabilitación" del elevado de
Puerto La Cruz, situado en la avenida Municipal frente al edificio sede del Ministerio Público del estado Anzoátegui, ha generado polémica no
sólo por haberse deteriorado a tan sólo dos días de haber sido
inaugurado el primer tramo, sino además por las supuestas
irregularidades cometidas con la designación de la empresa responsable
de la obra.
Al menos así lo consideraron algunos concejales de
la jurisdicción porteña, quienes denunciaron que el alcalde Stalin
Fuentes ha incurrido en “severas” fallas con la ejecución del proyecto
vial.
El concejal Félix Arriojas, presidente de la Comisión de
Contraloría de la Cámara Municipal de Sotillo, explicó que una de las
anomalías más graves ha sido el hecho de que la administración local
violó la Ley de Licitaciones al otorgar directamente el proyecto.
“La
normativa estipula que hay mecanismos para que una obra sea otorgada de
manera directa si su costo es menor a Bs 1.5 millones, pero en este
caso, el mismo mandatario ha dicho que el valor total de la restauración
es de Bs 5 millones: Bs 2.5 millones en cada uno de los tramos”.
En vista de ello, Arriojas aseveró que el gobierno debió iniciar el proceso licitatorio.
Nuevamente el concejal Arriojas mete la lupa a los presuntos hechos de corrupción de la administración "Fuentes-Ruíz" |
De
acuerdo con el texto legal, “dicho procedimiento consiste en una serie
de actos separables y coaligados entre sí, a través de los cuales se
establecen previamente las condiciones de contratación, las cuales son
iguales para todos e innegociables, para que mediante llamado público
las empresas interesadas presenten libremente una propuesta secreta, que
competirá abiertamente con otras en igualdad de condiciones.
Estas
se serán dadas a conocer en un acto público para que previa evaluación
imparcial se determine y haga pública a aquella que haya ofrecido las
condiciones de mercado más convenientes”.