VEA.- Hablar con la contralora general de la República, doctora Adelina
González, es darse un banquete, al conocer las astucias, inventos,
formas de robar o dilapidar bienes de la República, y los esfuerzos que
se realizan desde el Estado, para frenar toda clase de desaguisados que
atentan contra el patrimonio público. Según la Contralora, los hechos se
presentan a todos los niveles, y hay algunos que ni siquiera los
disimulan, y por eso es el pueblo quien se convierte en el primer
crítico, acusador y hasta juez.
-Contralora, ante esa maraña,¿qué se puede hacer para combatir a los corruptos?
-Bueno, creo necesario hacer reformas profundas de algunas leyes para
resolver problemas. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República,
nombra sus fiscales en todo el país, lo mismo hace la Defensoría del
Pueblo, pero este organismo del Poder Ciudadano, llamado Contraloría
General de la República, no nombra los contralores de las gobernaciones
de estado, ni los contralores de las alcaldías, porque hay leyes y
mecanismos que no lo permiten. En las gobernaciones los nombran los
consejos legislativos; en los municipios, las cámaras municipales, que
por lo general lo hacen en acuerdo con el gobernador o el alcalde. Ese
es un problema que habrá que resolver, ya el comandante presidente
Chávez lo planteó en la reforma constitucional, que no fue aprobada.
Pero ahí estaba la solución a ese problema.
-Dígame, ¿en verdad es útil la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) de
los funcionarios públicos?
-Mire, anteriormente los funcionarios declaraban los bienes al entrar al
cargo y cuando se iban. Bueno, se ha ido implantando un proceso de
modernización y tecnificación del proceso de control. Desde el año 2000
se ha dado un cambio de 180 grados. La declaración no era obligatoria
cuando el funcionario se marchaba, para pagarle las prestaciones
sociales; no actualizaba anualmente la DJP a los altos funcionarios, en
cambio eso se hace ahora y es obligatorio. Jamás se plantearon hacer una
DJP en línea. Había gestores de toda clase para hacer la declaración
jurada, hasta la venta de la planilla para hacerla. Había funcionarios
destituidos de aquí (CGR), que eran los únicos que sabían llenar la
planilla para que la gente declarara. A todo eso se le puso fin con el
sistema de DJP en línea. Creo que la maraña estaba montada ex profeso,
con el sistema bancario, el sistema de registros y notarías y hasta en
las mismas instituciones, porque hacer una declaración patrimonial es
compleja. No había manera de saber si Petra o Juan habían comprado una
casa, una finca en Achaguas o Tapipa. Y menos saber, si en verdad era un
funcionario quien lo hacía a través de un familiar o un testaferro.
Ahora imagínese, para controlar bienes, cuentas bancarias, acciones en
el exterior, acciones en empresas…
¿Qué pasa a nivel de los municipios y alcaldías, Contralora?
