Expediente Público.- José Angel Borrego. Toda muerte es lamentable. Máxime la
de un niño de 12 años como fue el caso del ciclista que falleció
accidentalmente en predios de ingeniería. Pero igual de lamentables los hechos
posteriores. La quema del vehículo, en especial porque el autor del accidente
se entregó voluntariamente. Y la turba que quiso asesinar al joven de 20 años
estudiante de la UDO. Hay
varios aspectos que deben ser analizados. Lo primero, ¿qué hacía un niño de 12
años en la calle? Sencillo, falta de hogar. La madre reconoce que salía de su
casa en el barrio Universitario, que está ubicado a cierta distancia del lugar
de los hechos, todos los días a mediodía y regresaba a finales de la tarde. Es
decir, el chico siempre estuvo expuesto a un avatar de esta magnitud. Para ir a
la UDO tenía que
usar la Vía Alterna
de tan alta peligrosidad. ¿No hay vigilancia interna en la UDO? De haberla, no puede
permitirse la utilización de sus espacios por menores de edad ajenos a esta
casa de estudios. Por otra parte, los familiares que exigen “justicia” no
esperaron a que la fiscalía asumiera el caso sino que se tomaron esa misma
justicia por su mano. ¿Quién paga el carro incendiado? ¿A quién imputar por
intento de homicidio contra el conductor? Podría aplicarse aquello de que
“nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”. El joven conductor fue
“juzgado” por una vindicta muy particular y sentenciado a la pérdida total su
carro. Aparte de tener que huir para evitar ser linchado. Como dice el mismo
Fiscal, “aquí no hubo intención de matar
a otra persona”. Muy cierto. Pero en la pandilla familiar sí hubo intención
de asesinar al joven conductor.
