Expediente Público.- En horas de la tarde de este lunes pudimos conocer de manera extraoficial, a través
de una fuente ligada al nuevo equipo de gobierno del Ejecutivo Regional, a
quien llamaremos “el comisionado” para proteger su identidad,
que se
habría ordenado
la inmediata intervención de la
Corporación para el desarrollo Rural Integral
Sustentable de estado Anzoátegui, conocida por sus siglas como CORDAGRO.
Recordemos que Cordagro nace de la fusión de DIDEAGRO y
FONDAGEA ambas dependientes del Ejecutivo Regional, enfocadas inicialmente al
desarrollo agrícola del estado, y que habría sido una de las banderas del ex
gobernador Tarek Williams Saab a lo largo de su gestión.
De acuerdo a la fuente esta dependencia presuntamente habría
otorgado una serie de créditos millonarios a supuestos productores de la región
sin haber completado todos los requisitos de ley para poder optar al
financiamiento gubernamental. “Sabemos de casi un centenar de créditos que se
habrían entregado a personas afectas a los directivos salientes que simplemente
llenaron una planilla y recibieron créditos agrícolas sin poseer terrenos
en el estado y que luego de recibir los recursos no llevaron a cabo sus
proyectos, pero gastaron la totalidad de los recursos recibidos”, aseguró "el Comisionado".
Por otra parte, en un informe confidencial filtrado por
personal que laboró dentro de la corporación y que habría originado la intervención, se desprende que “existen cerca de
12 créditos millonarios que fueron otorgados a un grupo familiar quienes
colocaron como soporte del crédito el mismo fundo que se encontraba en venta,
cada uno de ellos recibió una fuerte suma crediticia y cuando se realizó la
inspección técnica se determinó que todos tenían el mismo terreno como abal del crédito y se ordenó dejar eso así, que ya los recursos habían sido
asignados”
Aniversario a lo grande
Recientemente
CORDAGRO celebró su séptimo aniversario en una
jornada que constó de diversas actividades, entre ellas la entrega de 8 motores
fueras de borda a pescadores de distintos municipios de la entidad, con lo cual
se trató de generar una imagen mediática de que aquí se está trabajando por el
desarrollo de Anzoátegui cuando la verdad es que no hemos cosechado el primer
guacal de papa con todos los millones que se han invertido en todo este tiempo,
pues aún en nuestros mercados se expenden los productos agrícolas provenientes
del Táchira, de Barinas y de Monagas, lo cual es una burla para nuestra
población, que paga impuestos y financia estas entelequias”, dijo el Comisionado.
"Aquí tienen responsabilidad administrativa desde la
presidenta de la institución, pasando por la directiva que aprueba los créditos,
hasta el analista de créditos, todos
coparticipes de esta gran fraude llamado CORDAGRO, puntualiza el
informe.
"Es lamentable que el Estado halla malgastado más de
82.776.261 bolívares, a través de mediante la Corporación para el Desarrollo
Rural Integral y Sustentable del estado Anzoátegui sin haber logrado hasta la
fecha consolidar el desarrollo agrícola en
la región, realizando entrega de
créditos y microcréditos que fueron a parar en gran parte a manos de gente que
son cualquier cosa menos productores, todo se fue en compra de vehículos, en
compra de propiedades y como indica el informe filtrado desde las mismas
entrañas de Cordagro, no estemos consumiendo todavía productos de Anzoátegui,
sino que seguimos dependiendo de otros estados."
Metiendole la lupa a la papa
Recomienda el informe
que el gobernador Aristóbulo Istúriz debe "meterle la lupa" de inmediato a los
últimos 28 proyectos agroproductivos, los
cuales se encuentran ubicados en los diferentes municipios de la entidad
oriental y que recibieron una cantidad exorbitante de recursos en una especie
de “piñata privada” en proyectos improductivos como de supuesto alto impacto
social como la rehabilitación del Matadero San Miguel (municipio Peñalver), el
Núcleo de Desarrollo Endógeno (Nude) La Florida (municipio Bruzual), el Central
Azucarero de Onoto (municipio Cajigal), la Planta de Harina Precocida
(municipio Carvajal), entre otros.
Igualmente, el
ejecutivo regional tiene la obligación moral de investigar qué pasó con los
recursos asignados a los "viveros comunitarios", además de los
"patios productivos" todos ellos muy llamativos en el papel pero que
hoy en día no quedaron ni las semillas.
Lea también:
